La renuncia del procurador de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa se hará efectiva a partir del 1 de marzo. En una carta al presidente da a conocer su frustración con relación al proceso sobre abusos infantiles en Panamá.
Por: Irma Rodríguez-Reyes
Una semana después de recibir en su despacho a un grupo de diputadas con un informe que recaba los maltratos y abusos cometidos contra menores en albergues infantiles, y de reunirse con funcionarias de alto perfil como la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo y Mayra Silvera, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf); el abogado Eduardo Rubén Ulloa decidió presentar su renuncia al cargo, en medio del escándalo que ha traspasado fronteras en los titulares de los medios de comunicación.
Su decisión parece motivada en la frustración para avanzar en este caso, específicamente. Ya el pasado 18 de febrero había declarado que uno de los ocho procesos por abuso a menores estaba en fase de espera de juicio, sin embargo para éste se debería esperar hasta dos años.
"Aquí nosotros tenemos claro que vamos a investigar incluso más allá de cualquier contenido que pueda tener el informe de la Asamblea. Tenemos procesos en imputación y en espera de juicio, pero la fecha se ha fijado para 2023", dijo a los periodistas.
Y este miércoles 24 de febrero de 2021, cuando ha confirmado su renuncia, reitera su descontento, esta vez mediante una carta al presidente Laurentino Cortizo, y asegura que el sistema es "incapaz" de dar solución a las situaciones más críticas que vive la niñez.
"Aunado a ello debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña, lo que obliga a adoptar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleven como país de una manera seria y responsable a la búsqueda de la transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestra sociedad", manifestó en clara referencia a las instituciones que en este momento deberían coadyuvar en los procesos para salvaguardar a las víctimas.
El abogado también deja ver el hastío hacia lo que denomina una "crítica interesada" de una sociedad en permanente confrontación y sobre el "juzgamiento mediático" que asegura, ha dejado atrás a los análisis serenos y objetivos, "lo que hace del servicio público una labor ingrata e incomprendida".
El aún funcionario en esa misma carta dirigida el presidente dijo que su renuncia será a partir del 1 de marzo, tras cumplir 14 meses en el cargo, convirtiéndose en el sexto procurador que renuncia al cargo que constitucionalmente debió ocupar por un periodo de 10 años.
Protestas y figuras de alto perfil
Después de la presentación del informe que destapó las vejaciones cometidas contra los niños en algunos albergues que están bajo la custodia de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), diversos grupos se han manifestado en la sede de esa institución, en la plaza que acoge al Ministerio de Desarrollo Social y en los predios de la Procuraduría de la Nación, exigiendo justicia y celeridad en estos procesos.
A parte, la Asamblea Nacional ha citado para interrogatorio sobre esa situación a la titular de Desarrollo Social, María Inés Castillo, a la directora de Senniaf, Mayra Silvera, pero la sociedad también está solicitando la comparecencia e investigación de Carla García, exsubdirectora de la Senniaf y quién horas antes que explotara el escándalo fue movida al cargo de gobernadora de la provincia de Panamá, en reemplazo de Judy Meana.
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